A. A. PUEYO, UNIVERSIDAD DE BARCELONA: LA PSICOLOGÍA JURÍDICA MEJORA LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Antonio Andrés Pueyo es Catedrático de Psicología en la Universidad de Barcelona. Ampliamente reconocido por su labor investigadora, participa en el Panel de Expertos Sobre el Estado de la Psicología Jurídica que dentro del II Congreso de Psicología Jurídica, que se celebra entre los días 15 y 17 de diciembre en Valencia. Entrevista Participa usted en el Panel de Expertos sobre el Estado de la Psicología Jurídica, cuando hablamos de Psicología Jurídica, ¿a qué nos estamos refiriendo?

El crecimiento vertiginoso de la Psicología aplicada en España ha hecho que surjan, por necesidad social y madurez de la disciplina, numerosas ramas de la Psicología, útiles para la búsqueda de soluciones a muchos y variados problemas sociales. Entre estas ramas destacan las aplicaciones de la Psicología al mundo jurídico en sus múltiples expresiones. En este contexto histórico se han consolidado aplicaciones de la Psicología al ámbito penitenciario, al forense, al victimológico, al policial, al de la justicia civil, al de menores, etc.. Estas aplicaciones tienen en común un cuerpo de conocimientos y prácticas psicológicas que está marcado por las demandas que las leyes y sus agentes reclaman de la Psicología. Podemos decir que la Psicología Jurídica es, en cierto modo, un cuerpo de conocimientos y de prácticas propias de la Psicología que son de utilidad en el ámbito profesional de las ciencias jurídicas. Los límites de esta definición son muy borrosos y, por eso, a veces se la denomina Psicología Forense o también Psicología Judicial. Sin duda, lo que más caracteriza a la Psicología Jurídica es que agrupa a las distintas prácticas profesionales en las que los psicólogos interactúan con los juristas. Esta respuesta no es incompatible, espero, con las de otros autores que han definido y escrito acerca del significado propio y diferencial de la Psicología Jurídica. Creo que resume el espíritu de equipo que guió a los pioneros de esta disciplina en España y que hoy siguen numerosos y magníficos profesionales que trabajan en gabinetes de abogados, juzgados, equipos de atención a víctimas, en centros penitenciarios, etc…

Entre los variados servicios que la Psicología presta al sistema judicial en su conjunto, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Barcelona, el GEAV (Grupo de Estudios Avanzados en Violencia), se ha concentrado en el problema de la predicción y la prevención de la conducta violenta. El comportamiento violento es uno de los problemas más graves, por sus consecuencias muchas veces irreversibles, con los que tiene que enfrentarse la Justicia. Como cualquier tipo de comportamiento, tiene al individuo humano como agente causal y por ello los psicólogos somos los interlocutores más propicios para analizarlo y predecirlo. La Justicia, influida por la psiquiatría y la medicina legal, creó a finales del siglo XIX una categoría legal denominada «Peligrosidad», con el objetivo de predecir la conducta violenta de ciertos individuos a los que, por su historial delictivo, se les podía pronosticar un futuro de comportamiento violento. Este concepto de «Peligrosidad» es, a la luz de los conocimientos disponibles hoy, obsoleto e insuficiente para predecir la conducta violenta futura. Es necesario, y en esto está empeñado nuestro grupo de estudio, desarrollar procedimientos de valoración del riesgo de violencia; valoraciones integradas de datos de la historia, la situación clínica y el futuro social de los individuos considerados peligrosos, ya que los comportamientos no dependen exclusivamente de propiedades individuales sino que el contexto social que rodea a los delincuentes es, en última instancia, el disparador inmediato de cualquier tipo de comportamiento violento. Mi intervención se ocupara de describir las técnicas de valoración de riesgo de violencia futuro y sus aplicaciones.

En concreto con la valoración del riesgo de violencia, como método alternativo al diagnostico de peligrosidad, que en la práctica hoy justifica el pronóstico de futuros comportamientos violentos, tiene en cuenta los conocimientos actuales sobre la Psicología de la violencia y el papel que tienen los profesionales en la toma de decisiones acerca del comportamiento futuro de, por ejemplo, agresores sexuales, agresores y maltratadores de pareja, etc.. Si bien es cierto que todos los tipos de violencia tiene elementos en común, no lo es menos que cada tipo de violencia, la juvenil, la de pareja, la doméstica, la sexual, etc… cada una tiene sus claves propias que hacen de cada predicción un reto distinto. Una primera lección de las técnicas de valoración del riesgo de violencia es que no se puede predecir, en general, el riesgo de cualquier tipo de violencia, sino que cada tipo tiene sus factores de riesgo y de protección particulares y, por tanto, debemos adecuar los procedimientos genéricos de predicción de riesgo de violencia al tipo concreto de violencia a predecir. El segundo aspecto importante hace referencia a la actividad del psicólogo que debe hacer el pronóstico. Predecir el riesgo de un determinado suceso, como es el caso de la conducta violenta, requiere que un profesional tome una decisión sobre si este suceso puede, y en que grado, acontecer en el futuro. Nuestros trabajos se ocupan de que estas decisiones se tomen de acuerdo a protocolos contrastados y basados en conocimientos empíricos, y no sólo en intuiciones más o menos fundamentadas en la experiencia clínica de los responsables de tomar estas decisiones. Quiero enfatizar, sin extenderme en ello, la responsabilidad profesional que asumen los técnicos que hacen pronósticos en cuestiones de tanta sensibilidad social como son la reincidencia en las agresiones sexuales, los abusos a menores, los malos tratos familiares, etc… que son, de hecho, donde se aplican con mayor éxito estas técnicas de predicción de riesgo de violencia.

La predicción de violencia tiene una gran cantidad de aplicaciones. La primera y más evidente es la de predecir el riesgo de violencia pero también sirve para diseñar estrategias de gestión del riesgo de violencia. Le indicaré tres de ellas, las más obvias, pero podríamos incluir algunas más. Una primera aplicación es asesorar a los técnicos penitenciarios en la toma de decisiones acerca del cambio de medidas a aplicar a un recluso (cambio de grado, concesión de un permiso, etc…). Una segunda sería la de informar al juez, por ejemplo, en un caso de violencia de pareja, sobre el riesgo de que el agresor vuelva a realizar actos violentos graves sobre su pareja, y una tercera sería la de proponer medidas de gestión del riesgo del comportamiento violento futuro, por ejemplo, controlar la ingesta de alcohol o el seguimiento de las prescripciones terapéuticas de un enfermo mental con historial violento. En general las técnicas de predicción se pueden aplicar en contextos penitenciarios, penal, civil, psiquiátrico-forense, etc..

Creo que la incorporación masiva a los procedimientos judiciales y otros ámbitos propios de la administración de justicia de los conocimientos y las técnicas de la Psicología, ha mejorado de forma ostensible la práctica cotidiana de aquellos, adecuándolos a las particularidades de los sujetos implicados en estos procedimientos (agresores, víctimas, testigos, reclusos…). Por tanto, claramente, la Psicología Jurídica mejora la eficacia de la administración de la justicia. Los psicólogos y psicólogas que trabajan en este variado campo profesional, con su bien hacer y su eficacia, son un buen ejemplo de la potencialidad de las aplicaciones de la Psicología científica para la mejora del bienestar individual y social de la España de hoy. Esta afirmación es, en mi opinión, lo que mejor identifica el papel de estos profesionales en el marco de la administración de Justicia.

La situación actual de la Psicología aplicada al campo jurídico en España se corresponde al lugar de la Psicología española en Europa. Tiene un buen nivel, comparable a la práctica de otros países como Alemania o Inglaterra, entre otros, y esto es así a pesar de su incorporación más tardía a la práctica profesional. El esfuerzo y los logros de los profesionales de nuestro país han conseguido situarla en este nivel. Naturalmente que la velocidad del desarrollo de las distintas ramas de la Psicología Jurídica ha generado heterogeneidades en su seno, pero en promedio es más que aceptable. No obstante, existen algunas rémoras importantes, como por ejemplo, la ausencia de recursos profesionales, en concreto la falta de materiales diagnósticos específicos para el campo jurídico y forense (esta es una limitación importante), que los técnicos cada día solicitan con mayor urgencia y que sí están disponibles en otros países, esencialmente los anglosajones.

Las contribuciones de la Psicología Jurídica pueden ayudar de forma muy significativa a la eficacia de la administración de Justicia de muchas maneras. Puede facilitar el desarrollo de la aplicación de la ley a los individuos ya que, sin vulnerar los principios de igualdad que sostiene el principio constitucional, la realidad es que las personas (víctimas, agresores, etc..) tienen marcadas diferencias que se deben tener en cuenta una vez se aplica la normativa jurídica. Considero que la individualización de las medidas judiciales, por ejemplo, en las resoluciones civiles, penitenciarias, de menores, etc… van a conseguir el aumento de la eficacia de aquellas medidas. También el propio sistema jurídico-legal se va a ver mejorado con las aportaciones de la Psicología actual ya que, en el fondo, el Derecho y la Psicología tienen muchos puntos en común, puesto que se ocupan de la acción humana y sus consecuencias. La realidad ya nos muestra estas contribuciones, que podemos ver plasmadas en leyes tan importantes como la Ley Integral contra la Violencia de Genero o la Ley del Menor, entre otras.